Los desarrollos tecnológicos que están surgiendo para intentar controlar la pandemia que asola a todo el planeta nos llevan a largos debates sobre el equilibrio entre ética, privacidad y seguridad. Ya nos hemos acostumbrado a que la conversación se genere en torno a las últimas novedades, pero parece que se nos olvida algo fundamental que nunca deberíamos haber perdido de vista: la brecha digital. Casi la mitad de la población mundial no tiene acceso a internet.
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(elasombrario.com).- Así es, el 49% de la población mundial no tiene acceso a internet. Que se dice pronto. Esa cifra se me quedó grabada en la mente cuando la expuso Jose Manuel Alonso de la World Wide Web Foundation en el último Foro de Gobernanza de Internet.
La mitad de la humanidad está desconectada en un momento en el que tener acceso a la red supone mantener la relación con la familia y amigos, estar informados de lo que acontece, poder seguir estudiando y trabajando y, en algunos casos, como ahora veremos, tener la posibilidad de comer. La mitad de la gente se está quedando fuera. Esta idea, que puede parecer abstracta, se hace carne si abrimos los ojos a realidades concretas. Por ejemplo, de la mano de los testimonios de los que he sido testigo esta semana, durante el webinario organizado por la Red Iberoamericana de Expertos en Derechos de los Pueblos Indígenas, donde compañeras de la citada red, al hablar de los retos y desafíos de los pueblos indígenas respecto a las tecnologías de la información, expusieron, en primera persona, los verdaderos dramas a los que se enfrentan en este momento.
Es importante que al pensar en pueblos indígenas se nos quite de la cabeza la imagen de las comunidades no contactadas, que son las que el imaginario europeo tiene en mente. Mis compañeras, indígenas, son licenciadas, poseen varios postgrados y tienen una larga trayectoria profesional y vital. Son líderes en sus comunidades y conocen muy bien la situación de sus territorios.
Así, en sus presentaciones quedó claro que, si el acceso a internet es limitado en Latinoamérica, la conexión por parte de las comunidades indígenas todavía es minoritaria. Estamos hablando de que sólo un 10% de la población indígena mexicana, por ejemplo, tiene acceso a internet, tal y como explicó Citlaly Simón, indígena Otomi, que afirmó (1:07:25) que esto supone una brecha informativa y educativa, además de generar un mayor riesgo, ya que para poder conectarse deben acudir a los llamados cibercafés, donde, si hay suerte, se comparten equipos con el riesgo que eso conlleva en estos momentos.
El mismo porcentaje, 10%, es el de los indígenas nicaragüenses con acceso a internet. En este caso, Berenice Damacio, indígena Miskita, relató (1:50:00) cómo esta carencia afecta a la información que recibe la población, en un país en el que el gobierno niega la pandemia, los muertos se computan como “fallecidos por neumonía” y las camas de hospital son compartidas. Su propia cuñada acaba de dar a luz y comparte cama con otras dos madres y los tres bebés, en el Hospital Regional, el único que hay en todo su territorio.
Por su parte, Nora Pérez, explicó desde Perú (54:00) cómo los problemas de conexión a la red hacen que las subvenciones que el gobierno ha dispuesto para ayudar en alguna medida a la población sean casi imposibles de solicitar.
Y la prueba más palpable de los problemas de acceso a la red llegó desde Guatemala con Alida Arana, indígena Maya Pogoman, que a punto estuvo de no poder participar del webinario porque no logró conectarse hasta el último minuto. Allí los problemas son directamente de acceso a la energía eléctrica. Un golpe de realidad en un foro donde intentábamos pensar la realidad.
En problemas así está no un grupo marginal irreductible, sino la mitad de la humanidad. Mientras en el Norte estamos preocupados por si nuestra privacidad estará lo suficientemente garantizada con las aplicaciones de rastreo que dispondrán nuestros gobiernos, en el Sur tienen otras preocupaciones más acuciantes, entre otras razones, porque allí no servirían de nada estas aplicaciones que acabo de mencionar ya que la mayoría de la población no tiene un móvil donde descargárselas, ni probablemente noticia de su existencia, ni información para entender en qué consisten. Ante semejante desequilibrio, lo mínimo que podemos hacer desde Europa es ser conscientes de las realidades que están padeciendo en otras zonas del mundo, y, sin necesidad de irnos tan lejos, en nuestro propio país. La brecha digital afecta a muchos colectivos vulnerables que han visto, por ejemplo, cómo sus hijos se han quedado atrás en estos meses de clases online, por no tener un equipo donde conectarse, o por no tener directamente acceso a la red.
Por suerte, en esta pandemia también han surgido iniciativas solidarias que luchan contra esta brecha digital. Por ejemplo, #ConectemosYa, uno de los proyectos de COVIDWarriors, con el que se pretende: “Dotar al ecosistema formativo y social de herramientas que reduzcan la brecha digital, garantizando la conectividad, la distribución eficiente de dispositivos y su reutilización, y capacitando digitalmente a las familias. En definitiva, contribuir a que CONECTARSE sea un derecho digital básico para todos, independientemente de donde vivas y tu situación social.”
La digitalización desigual produce víctimas. La brecha digital es una nueva forma de exclusión, de especial gravedad: quedarse fuera de la red es vivir en los arrabales, fuera de la ciudad, y probablemente sin ni siquiera saberlo. Es una brecha que proviene de la pobreza y conduce a una mayor pobreza. Esto debe dar que pensar. Probablemente sea necesario un e-Pacto para la universalización efectiva del derecho a conectarse y la supresión de barreras digitales.
Vayamos dando pasos en ese empeño. Hay uno que no quiero dejar de mencionar: la posibilidad que todos tenemos de adherirnos al Contrato Para la Web, uno de los proyectos de la World Wide Web Foundation, en el que invitan a gobiernos, empresas y sociedad civil a adherirse a un “Contrato para la web”, que contiene una serie de principios para salvaguardar el futuro de la Web, empezando por asegurarse de que todo el mundo pueda conectarse a internet, para que cualquier persona, independientemente de quién sea o dónde viva, pueda participar de forma activa en la red. Representantes de más de 80 organizaciones redactaron este documento donde se establecen los compromisos que deberían guiar las políticas digitales. Yo ya me he adherido.
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Maite Sanz de Galdeano es abogada digital y consultora en protección de datos. Colabora con COVIDWarriors.
