En esta foto de archivo tomada el 30 de abril, un soldado suizo con una mascarilla posa con su teléfono inteligente en el cuartel del ejército suizo de Chamblon, durante la prueba de una aplicación creada por el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Lausana (EPFL) que podría AYUDAR a localizar a a Fuente: AFP
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(Agencia AFP | lanacion.com.ar).- A medida que más y más gobiernos recurren a las aplicaciones de rastreo en la lucha contra el coronavirus ha surgido un dilema entre la necesidad de proteger la salud pública y el derecho de las personas a la privacidad .
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Varios países han lanzado aplicaciones para teléfonos móviles cuyo objetivo es rastrear los movimientos de personas infectadas por el virus y advertir a quienes estuvieron en contacto con ellas , permitiendo así a las autoridades vigilar la propagación de la epidemia.
Pero muchos temen que la información personal recogida por los gobiernos o las empresas privadas en nombre del control de la pandemia pueda ser objeto de abusos o de opresión en los Estados autoritarios .
«Si no tenemos cuidado, la epidemia podría marcar un hito importante en la historia de la vigilancia» , escribió el historiador israelí Yuval Noah Harari en el Financial Times en el momento más álgido del brote de coronavirus.
«Hasta ahora, cuando tu dedo tocaba la pantalla de tu smartphone y hacía clic en un enlace, el gobierno quería saber exactamente en qué estaba haciendo clic tu dedo. Pero con el coronavirus, el foco de interés cambia. Ahora el gobierno quiere saber la temperatura de tu dedo y la presión sanguínea bajo su piel».
Aunque el progreso de la tecnología puede ser una buena noticia para los funcionarios de salud pública, la «desventaja es, por supuesto, que esto daría legitimidad a un sistema de vigilancia aterrador», dijo Harari.
«Justificación conveniente»
Muchos países ya han introducido aplicaciones para teléfonos inteligentes con la intención de alertar a las personas cuando estuvieron en contacto estrecho con alguien que porte el virus . En algunos países su uso es voluntario, pero en otros no.
Los países asiáticos, que fueron los primeros afectados por la pandemia que se ha cobrado más de 350.000 vidas, fueron también los primeros en poner en pie estas aplicaciones, a menudo de forma obligatoria.
China , donde se inició el brote, puso en marcha varias aplicaciones que utilizan ya sea la geolocalización a través de las redes de telefonía celular, o los datos compilados de los viajes en tren y avión o los puestos de control en las carreteras .
Su uso fue sistemático y obligatorio , y se le atribuye un papel clave para permitir a China levantar su confinamiento y frenar la circulación del virus.
Corea del Sur emitió alertas masivas por teléfono móvil anunciando los lugares visitados por personas infectadas , y ordenó la instalación de una aplicación de rastreo en el teléfono de cualquier persona a la que se le impusiera el aislamiento.
En Tailandia , una aplicación hace que las personas escaneen un código de barras con sus teléfonos al entrar o salir de una tienda o restaurante . Las autoridades deben alertar a toda persona que visite el lugar si alguien que estuvo ahí da positivo y enviarla a hacerse una prueba de coronavirus gratuita.
Se invita también a los tailandeses a utilizar la aplicación para denunciar a quienes incumplen las normas sanitarias , como, por ejemplo, a quienes no utilizan una mascarilla en público.
«La pandemia ha ofrecido una conveniente justificación para que los gobiernos asiáticos que buscan mejorar o mantener sus capacidades autoritarias lo hagan durante un largo período», dijo a la AFP Paul Chambers, politólogo de la Universidad de Naresuan en Tailandia .
«Ese poder de decreto autocrático puede estar aquí para quedarse porque estos gobiernos pueden argumentar que necesitan contar con poderes más concentrados en caso de futuras emergencias».
En Catar, una polémica aplicación de rastreo de personas infectadas, cuya utilización es obligatoria so pena de prisión, ha suscitado críticas unánimes.
La aplicación, «Ehteraz» (precaución en árabe), solicita a los usuarios que permitan el acceso a su geolocalización, fotos y vídeos, así como la autorización de emitir llamadas.
Desconfianza en el gobierno
Pero el debate también se desarrolla en Occidente, donde suelen aplicarse leyes de protección de datos más estrictas .
En Estados Unidos, por ejemplo, varios estados están lanzando sus propias aplicaciones, de carácter voluntario , para localizar a las personas que han estado cerca de un individuo con Covid-19. Para ser efectivo, el rastreo digital necesita la aceptación de al menos 40 a 60% de la población , según algunos investigadores.
Pero, según una encuesta realizada por la firma PSB, dos tercios de los estadounidenses desconfían del gobierno sobre el uso de datos personales a la hora de lidiar con la covid-19.
En Francia , tierra de la Declaración de los Derechos Humanos, el parlamento debe debatir el miércoles sobre la puesta en marcha de una aplicación que permitiría alertar a las personas que estuvieron en contacto con una persona infectada.
Aunque el uso de la aplicación sería de carácter voluntario, defensores de las libertades han expresado su temor de que la aplicación marque el primer paso hacia una sociedad bajo constante vigilancia.
En la Argentina , la aplicación CuidAR, de autodiagnósitco del coronavirus y con geolocalización optativa, que hasta ahora era voluntaria, pasó a ser obligatoria en la capital para renovar todos los permisos de circulación durante la cuarentena.
En las redes, integrantes de grupos furiosos de oposición como la comunidad «Recontra-antiK» (antikirchnerista) manifestó su oposición a la aplicación. «Quieren controlarte y saber dónde estás», resumió el seguidor Gabriel Geneux en Facebook.
La desconfianza se alimenta de varios abusos, como los de la agencia de inteligencia estadounidense NSA, denunciados por Edward Snowden, hasta las filtraciones de datos de Facebook a la empresa británica Cambridge Analytica, estima el think tank Brookings Institution.
Y si bien considera que la salud pública no debe «pagar el precio de los errores pasados de los gobiernos y las empresas privadas», señala la necesidad de «aclarar lo que estas herramientas hacen y, sobre todo, lo que no hacen».
