Luces y sombras del uso de tecnologías avanzadas tales como el 5G, el Internet de las cosas y la inteligencia artificial, entre otras, en las misiones de mantenimiento de la paz.
(esglobal.org).-Satélites, 5G, cables submarinos, el Internet de las cosas, antenas y redes, inteligencia artificial (IA), computación cuántica o la ciberseguridad ocupan un espacio cada vez mayor en los medios de comunicación y en la preocupación de cómo abordarlos desde una perspectiva de políticas públicas. Sin embargo, estas tecnologías no son solamente un asunto de geopolítica, comercio, finanzas, salud, transformación digital, seguridad, o tantos otros. Su disrupción, sea más temprana o reciente, está abriendo paso a nuevas posibilidades en un área que ya de por sí se enfrentaba a retos tradicionales: las misiones de mantenimiento de la paz.
El uso de tecnologías avanzadas para las misiones de paz aporta valor, reduce la incertidumbre y agiliza procesos en un contexto como el de las crisis y emergencias tan caracterizado por la sobrecarga de tareas, el choque de intereses y la falta de recursos. Pero, como toda realidad, estas bondades no escapan a fallos, deficiencias, puntos ciegos e indudables silencios.
Entre sus virtudes encontramos que estas tecnologías ayudan en todas las fases del proceso y a una multiplicidad de actores involucrados en las misiones de paz. El avance en capacidades cibernéticas sobre reconocimiento del terreno, inteligencia, navegación y tiempo puede contribuir a obtener con mayor precisión y exactitud imágenes de satélites sobre zonas recónditas donde se concentran atípicamente grupos –como podrían ser personas escapando de un conflicto armado. También sirve para enviar mensajes de alerta temprana a todos los móviles detectados en el perímetro de una zona en donde se ha detectado una actividad inusual –como podría ser un terremoto de magnitud alta.
Lo mismo ocurre con la inteligencia artificial, que puede identificar con una proyección de tendencias cuáles van a ser las emergencias más probablemente ignoradas u olvidadas por parte de los donantes internacionales, en base a una compleja serie de variables de experiencias pasadas. La reestructuración de datos dispersos mediante IA también puede ayudar a familias separadas o a menores no acompañados a encontrarse, del mismo modo que los sistemas biométricos de reconocimiento facial y la compartición de datos sobre huellas entre las delegaciones de agencias de Naciones Unidas en varios países. La tecnología del 5G puede conectar áreas aisladas o de acceso limitado gracias a las ondas de radio de alta frecuencia, así como el Internet de las cosas puede fomentar medidas de confianza entre autoridades locales anteriormente enfrentadas puesto que la misión de mantenimiento de la paz colabora con el ayuntamiento local para implantar un sistema transparente y ético de recopilación automática de datos sobre la distribución de recursos públicos entre comercios, lugares de culto, escuelas y hospitales.
Transformando limitaciones en oportunidades de mejora
Ahora bien, ni las tecnologías lo son todo para el éxito de las misiones de paz, ni las personas deben ceder en las tecnologías toda responsabilidad sobre los efectos que éstas puedan desencadenar. Estas tecnologías mejoran la gestión de recursos de la propia misión en tanto que estructura, agilizan la respuesta a crisis complejas y facilitan el cumplimiento de los mandatos políticos, militares, de Estado de Derecho o de apoyo sobre el terreno que representan las cuatro áreas del mantenimiento de la paz. Pero, al fin y al cabo, la decisión de usarlas o no –y, sobre todo, cómo usarlas– es plenamente humana.
El primer dilema es quién posee la titularidad de las tecnologías usadas en misiones de paz y qué garantías existen sobre su uso, transparencia y limitaciones. Actualmente existen 13 operaciones de paz lideradas el departamento de Operaciones de Paz de la ONU, ubicadas principalmente en África Subsahariana, Oriente Medio, Kosovo y la misión de observación militar en las regiones de Jammu y Cachemira entre India y Pakistán. Que la empresa asignada para integrar un supuesto sistema de ciberseguridad en las bases de datos de la Misión de la ONU en Jerusalén para la supervisión de treguas (misión UNTSO), o para desarrollar en un caso imaginado identificadores biométricos en la ansiada región de Abyei entre Sudán y Sudán del Sur (misión UNISFA) proceda de un país u otro no es un asunto humanitario, sino estratégico. No todos los países del mundo tienen un grado de desarrollo tecnológico tan elevado como Estados Unidos y China como para permitirse ser competitivos y conseguir una licitación o concurso público internacional.
Soldados senegaleses de una misión de paz de la ONU en Malí. SOULEYMANE AG ANARA/AFP via Getty Images
Esto lleva a otro punto: no hay un portal de transparencia unificado para la evaluación de indicadores de éxito o riesgo de estas tecnologías en sus actividades en misiones. Si bien es cierto que algunos informes anuales de agencias como ACNUR muestran los avances de las tecnologías y presentan también los riesgos a prevenir, es tarea de cada persona la de indagar caso por caso el estado del arte de un asunto con implicaciones tan importantes para las personas que se encuentran en el terreno, la legitimidad de las propias misiones y la actual rivalidad tecnológica a nivel geopolítico. Lo mismo ocurre con el portal de licitaciones y concursos: si bien existe un listado de proyectos que indica ofertas para integrar tecnologías en misiones de la ONU, como el despliegue de 5G en Gaza, más allá de un mero título y una corta descripción, no hay ninguna otra información necesaria como pudiera ser el coste financiero del proyecto o requerir públicamente documentos que atestigüen que la empresa que entra en la licitación cumple con unos mínimos estándares de responsabilidad social corporativa.
Los departamentos de Operaciones de Paz y de Apoyo sobre el Terreno de Naciones Unidas deberían unificar todos los datos existentes y presentarlos anualmente ante el Panel de Expertos sobre Tecnología e Innovación en el Mantenimiento de la Paz de la ONU. Pero no todo es transparencia: de la misma forma que se busca una distribución geográfica de los países contribuyentes de tropa o policías en cada misión, debería garantizarse también que haya más y diversos “países contribuyentes de tecnología” en dichos despliegues. Esta diversidad podría venir indirectamente acompañada de una mayor preocupación por acordar estándares comunes sobre los límites mínimos y máximos del uso de estas tecnologías sobre el terreno.
Un segundo dilema viene de la mano de la propia implementación de tecnología. Los ejemplos anteriores muestran que puede dotar de mayor autonomía a la gobernanza local, fomentar comunicaciones más directas entre áreas, actores, sectores y niveles que anteriormente no lo hacían, y permitir a los respondedores locales de mayor margen de maniobra para adaptar las necesidades de forma mucho más rápida y flexible. Más importante aún, contribuiría a menguar la tradicional y contraproducente narrativa del “beneficiario pasivo” para convertirlo en un “socio activo, agente del cambio”, puesto que las propias personas pueden usar estas tecnologías para emprender comercios o demostrar los propios fallos de sus gobernantes locales ante autoridades externas.
Ahora bien, todas estas virtudes no surgen de la nada: se requiere formación tanto para integrar la tecnología como para mantenerla en base a unos estándares técnicos y no técnicos –esto es, respetuosos con los derechos humanos y de principios como el de proporcionalidad. Una de las debilidades del actual sistema humanitario es que en ocasiones se forma a las personas autóctonas del lugar con unos medios y herramientas que, por su carestía o elevada madurez tecnológica, no pueden ser integradas en el lugar ni de forma permanente ni sencilla. Lo mismo debe evitarse a la hora de integrar tecnologías. En 2016, 61 países, ONG internacionales y la ONU acordaron en la Cumbre Humanitaria Mundial el llamado Grand Bargain, por el cual se comprometían para 2020 a destinar el 25% de la financiación global humanitaria y de mantenimiento de la paz directamente a los implementadores locales y nacionales. El compromiso 4.1 traducía este objetivo general al uso de las tecnologías. Sin embargo, las ONG que ayudan a implementar los mandatos de las misiones sobre el terreno se enfrentan a día de hoy a vulnerabilidades y desprotección tecnológica. Un claro ejemplo fue la facilidad con la que la empresa Mautinoa Technologies pudo acceder al servidor en la nube de su competidora, Red Rose, con información personal –nombre, fotografías, códigos identificativos y ubicación geográfica– de más de 8.000 familias en el Oeste de África. Pero no sólo son las ONG con las que colaboran las misiones de paz: la propia ONU sufrió en agosto de 2019 un ciberataque que puso en grave compromiso su servidor europeo al completo –esto es, una inmensurable cantidad de datos sobre personas y procesos. Sin embargo, este asunto pasó a ser confidencial, y no se hizo público hasta que la web de noticias The New Humanitarian consiguió acceder al documento interno.
